icon-pdfLos asuntos apremiantes que tenemos que atender como País exigen de ciudadanos informados y gobiernos competentes. Para que nuestros ciudadanos sean capaces de actuar, producir y reconstruir el País es necesario mejorar la calidad de la gobernanza y romper con la crisis de opacidad en la gestión de los asuntos públicos.

Cada vez es más necesario romper el círculo vicioso de la opacidad y la inmediatez donde actuamos sólo en función del corto plazo generando verdaderos problemas para las generaciones futuras. Este esfuerzo requiere que creemos un círculo virtuoso donde la estrategia, la planificación, la transparencia, la rendición de cuentas y la concertación, sirven de combustible para la reconstrucción del País y la movilización del motor del desarrollo, de la competitividad y de la prosperidad. De esta forma invertimos la lógica de exclusión social y parálisis que nos arropa.

La gobernanza como plataforma de gestión de los asuntos públicos puntualiza la importancia de la acción práctica para transformar la gestión pública integrando al sector empresarial, el gobierno, la academia y la sociedad civil en la construcción del mapa y la ruta a emprender para reconstruir el País. Los asuntos más relevantes vinculados a la gobernanza como nueva forma de gestionar los asuntos públicos incluyen darle énfasis a elementos tales como: la transparencia y la rendición de cuentas; la capacidad y competencia del gobierno; el marco institucional y regulatorio; la responsabilidad; la apertura; la integridad; y la confianza.

Destaca el deber del gobierno de exponer y someter a escrutinio público la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la sociedad le ha confiado, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos. La responsabilidad se ha asociado como sinónimo del vocablo anglosajón “accountability” que significa que el servidor público debe responder y rendir cuentas ante los ciudadanos por la honestidad, la legalidad, la utilización de los recursos y la calidad formal y sustancial de su gestión.

La apertura a la involucración en las decisiones asigna y garantiza al ciudadano los siguientes roles y responsabilidades principales: participar en los procesos decisorios relativos a asuntos de interés; y aportar a los controles del gobierno y de la gestión pública. Estas garantías de apertura a la ciudadanía de participar incluyen legislar y crear los mecanismos operacionales de información y la comunicación que lo vinculan.

La confianza en el gobierno permite que los ciudadanos estén dispuestos a participar activamente en la solución de los problemas que le afectan. Además incide en: la disposición de las personas capaces y probos a aceptar cargos públicos; promueven la disposición social a cumplir de manera voluntaria con las leyes y normas; y la propensión de los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones con el fisco.

Por su parte, la integridad de acuerdo a Transparencia Internacional (1996) se refiere a los sistemas de integridad que permiten combatir la corrupción y fomentan el no sucumbir a las presiones de concesiones, transacciones y tolerancia a las influencias propias de la burocracia en la administración pública y la vida política. Este esfuerzo requiere disponer de los sistemas que garanticen un nivel alto de calidad en la ética pública. La transparencia juega un papel protagónico en este esfuerzo.

Para movilizar este esfuerzo es necesario gestar un gobierno competente centrado en los valores de la calidad; nuevas formas para impulsar la eficiencia y la productividad en los servicios públicos; el estimulo a la creación de riquezas; la competitividad; el desarrollo del capital social; y la prosperidad del País.

También, debemos emprender con voluntad una amplia reforma del aparato burocrático gubernamental que redefina y reestructure las bases de su composición, sus capacidades institucionales y las competencias de sus recursos humanos y sus políticas. Este esfuerzo para que sea coherente debe quedar consignado en un Plan de País que de dirección y paso a una reconstrucción económica y social.

El Plan a emprender crea una nueva plataforma de dirección y gestión de la sociedad que le permite dar sentido y propósito a las aspiraciones de desarrollo económico, social e institucional del País promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Al adoptar un plan integrado para el desarrollo sostenible y la gobernanza como forma de gestión de los asuntos públicos se genera confianza, empatía, solidaridad y legitimidad.

Consideramos que el mayor reto que enfrenta Puerto Rico en la actualidad es forjar un país de oportunidades, sostenible, competitivo, sustentable y con calidad de vida. Para enfrentar este reto es necesario hacer compatible y sincronizar cinco variables que se entrelazan: el diálogo y la concertación con la sociedad y sus representantes; el marco institucional coherente; una nueva gobernanza transparente y participativa para elevar la capacidad y competencia del gobierno para atender las necesidades y demandas del día a día; una planificación de largo plazo para atender los impactos económicos y sociales; y la lucha contra la corrupción y la pobreza. Estas iniciativas exigen gran capacidad de visión y planificación más allá de los ciclos cortoplacistas con énfasis en los períodos eleccionarios que han prevalecido hasta hoy. La historia nos reclama comenzar a trabajar para crear el círculo virtuoso y actuar ahora.

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