Puerto Rico necesita de manera apremiante una ley de transparencia gubernamental abarcadora, integrada y robusta para lograr cambiar de raíz las malas prácticas de gobernanza en la gestión pública de las pasadas décadas y combatir la corrupción que amenaza con destruir las capacidades de desarrollo económico y bien común del País. Para atender la lucha contra la opacidad en la información se necesita un cambio en las prácticas de gestión de los asuntos públicos que genere un cambio cultural hacia la apertura de la información, lo que requiere de una política pública integrada y coherente.

Por tercera ocasión el gobierno de Puerto Rico intenta adoptar legislación sobre transparencia y acceso a la información en la función pública. En esta ocasión, se trata del P de la C 1095 presentado por el Ejecutivo a la Legislatura para adoptar la ley de “transparencia” y procedimiento expedito para el acceso a la información pública. Por primera vez un gobernador propone una legislación sobre acceso a la información pública. La gran contradicción es que el mismo día que conocemos por los medios de comunicación de la radicación de la medida legislativa propuesta por el Ejecutivo, el gobierno invoca “privilegio ejecutivo” para no divulgar a la ciudadanía el borrador del presupuesto gubernamental presentado ante la Junta de Supervisión Fiscal.

Al examinar el proyecto de administración encontramos que es un paso en la dirección correcta, pero es una propuesta insuficiente con muchas carencias para hacer cumplir, en la práctica, el deber del gobierno de transparentar toda la información pública. Acertadamente la medida establece que la información y documentos que produce el gobierno se presume pública y accesible al pueblo y a la prensa. También el proyecto, de aprobarse, aplicaría a las tres ramas de gobierno e incluye las entidades gubernamentales, corporaciones públicas y municipios.

No obstante, el proyecto de administración propuesto es más limitado en términos de alcance y naturaleza que los proyectos presentados anteriormente (P de la C 2469 en 2015 y P de la C 2944 en 2016). En términos generales, la legislación propuesta no esboza una política pública de transparencia. En realidad, se trata de un FOIA (Freedom Of Information Act) criollo que establece un procedimiento para el trámite de documentos públicos luego de que la información es solicitada por un ciudadano o entidad. Excluye la obligación del gobierno de publicar todos los informes y documentos públicos completos y a tiempo sin que medie una solicitud. La medida propuesta no tiene definiciones claras; no se expresa con relación a la transparencia presupuestaria como requisito para la rendición de cuentas y no establece parámetros para denegar o no una solicitud de información, entre otras deficiencias.

Por los pasados años el Centro de Gobernanza ha propuesto legislación de transparencia bajo la filosofía de construir cultura de buen gobierno. El modelo de legislación sobre transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal planteado por el CGPC va dirigido a propiciar la formulación de una política pública coherente para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos y recobrar la confianza entre los ciudadanos, empresarios e inversores. Esta legislación ha sido ampliamente reconocida como la pieza legislativa más completa presentada para discusión, pero no ha habido voluntad legislativa para aprobarla.

En su camino hacia la transparencia, el Estado tiene un largo y complejo camino que recorrer. El primer paso para fomentar una cultura de transparencia y buen gobierno lo tiene que dar el Estado garantizando la promulgación de una ley eficiente de transparencia y rendición de cuentas como requisito indispensable para la cultura de buen gobierno. También es importante desarrollar las competencias ciudadanas para que el pueblo se involucre de manera informada en la toma de decisiones y la fiscalización efectiva de su gobierno.

No se trata de aprobar una legislación de transparencia y acceso a la información porque está de moda. La transparencia no es un “slogan”, tampoco se trata de propaganda política o mediática. Se trata de un cambio de paradigma en las relaciones del gobierno con sus ciudadanos, empresarios e inversores y una transformación hacia la cultura de buen gobierno. Aprobar e implantar una legislación de transparencia y acceso a la información es un reto para el Estado y una oportunidad para la ciudadanía de contribuir a su aplicación y mejora.