En los últimos años ha venido creciendo el problema de la corrupción por sus efectos sobre el debilitamiento de la gobernabilidad, el deterioro de las finanzas públicas y la crisis económica y social que han experimentado los países a nivel mundial. El tema es de tal preocupación que al día de hoy los ciudadanos reconocen la importancia de crear conciencia sobre la existencia de este grave problema y la necesidad urgente de combatirlo y luchar contra la impunidad.

La corrupción es el mal uso de los poderes públicos, cargo o autoridad para el beneficio privado mediante el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el nepotismo, el fraude y otras modalidades de conductas que atentan contra el bien común. Es una patología social nociva para la democracia que impide la generación del capital social que agrega valor y limita el crecimiento económico al elevar los costos de servicios que presta el gobierno. Estas desviaciones desalientan la creación y el desarrollo de empresas en los países y le resta credibilidad al gobierno ante los inversionistas.

En lo que respecta a Puerto Rico, hace más de tres décadas que el País viene experimentando un deterioro en la gobernanza pública y un aumento en la corrupción, principalmente propiciado por el partidismo y el clientelismo político. La plaga de la corrupción sistémica que amenaza el desarrollo económico y profundiza la desigualdad social ha provocado la decepción de la gente hacia su clase política y creado un contexto propicio y fértil para que se impongan los políticos populistas.

Los gobiernos de turno han gestionado el País bajo la falsa premisa de que la administración pública y el partido político son la misma cosa. Este entendido incorrecto ha debilitado y deteriorado las instituciones, lo que ha resultado en un pobre manejo de los recursos y en la falta de provisión de servicios públicos de calidad para atender las necesidades y hacer realidad los sueños y aspiraciones de nuestra gente.

Los escándalos de corrupción han sido la constante en la discusión pública durante los pasados años. Los partidos políticos que han gobernado el País han jugado el juego de las sillas musicales y parecen disputarse a cuál se le señalan más actos de corrupción. Los ejemplos más recientes de corrupción gubernamental en los municipios de Toa Baja, Gurabo y Guaynabo; en el Senado, la Cámara de Representantes y el Departamento de Recreación y Deportes, entre otros, continúan deteriorando la confianza de los ciudadanos en sus líderes e instituciones.

Además, el manejo deficiente y la falta de transparencia en la formulación presupuestal, la contratación y los procesos de compra continúan debilitando la buena gobernanza. Los ciudadanos en Puerto Rico están cansados de las promesas huecas que crean el círculo vicioso entre la corrupción, la desigualdad social, la inequidad en la distribución de las riquezas y la disparidad en los poderes de los diversos actores en la sociedad.

Al analizar este fenómeno, la literatura académica señala que si hay corrupción es porque existen las condiciones que la permiten y las personas que la fomentan; y destaca las siguientes causas: Un sistema ineficiente de gobernanza, que la fomenta al no ejercer los controles necesarios sobre los actos de los funcionarios públicos.

La politización de la administración pública, entendida como el manejo de lo público en función de los intereses particulares de los partidos políticos. El clientelismo político que se manifiesta en las dádivas, los favores, los empleos y salarios expresamente asignados a los activistas de un partido.

La impunidad. Los responsables de actos de corrupción no son castigados conforme a las leyes ni sancionados moralmente por la sociedad. La falta de sanciones y consecuencias, que es parte integral del sistema, permite que la corrupción siga creciendo.