El desencanto generalizado con los gobiernos de las pasadas décadas y con el desarrollo incipiente de nuestra propia democracia y sus instituciones (partidos políticos, legislatura, municipalidades, administración pública, etc.) ha sido el resultado de la incapacidad de las administraciones de turno para responder con eficiencia las condiciones complejas, cambiantes y conflictivas del entorno. La gobernanza pública implica la generación de respuestas inteligentes y coherentes ante problemas complejos y diversos y la formulación e implantación de políticas públicas que atiendan las necesidades de la sociedad. De ahí que si las soluciones a los problemas no se definen correctamente y se atienden con un enfoque centrado en la inmediatez y el cálculo político el resultado es el caos y la anomia.

El gobierno no se puede escudar en situaciones como la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal para encubrir su incapacidad en buscar soluciones al enorme déficit fiscal, los excesivos gastos de gobierno y la corrupción generalizada, que son las razones fundamentales de la ingobernabilidad que nos aqueja. El paso cercano del huracán Irma confirma la fragilidad de la infraestructura de energía eléctrica, acueductos y carreteras que por décadas se ha ido agravando. La negligencia e irresponsabilidad de los gobiernos de las pasadas décadas de proveer servicios esenciales amparados en la excusa de que no hay dinero mientras se otorgan contratos millonarios a empresas y amigos del partido político, no puede continuar.

Una de las mayores debilidades de los gobiernos ha sido no pensar y focalizar en términos de la calidad de la gobernanza de los asuntos públicos. ¿Cómo es posible que los gobiernos de turno continúen sin poner al centro de su gestión el valor de la calidad de la gobernanza para darles dirección a los sueños y metas públicas? ¿Cómo es posible que en pleno Siglo XXI los gobiernos pretendan ejecutar, administrar y gestionar con eficiencia sin desarrollar procesos claros y transparentes de gobernanza pública y fortalecer las capacidades institucionales y directivas?

El desarrollo de la capacidad es el proceso mediante el cual los individuos, grupos, organizaciones, instituciones y sociedades incrementan sus habilidades para realizar funciones esenciales, resolver problemas, definir y lograr objetivos, y entender y responder a sus necesidades de desarrollo sostenible en el corto y largo plazo. La capacidad institucional comprende una gama muy amplia de conceptos e incluye competencias en todos los sectores del gobierno, así como la capacidad para transmitir esas competencias a los funcionarios que remplazan a aquellos que renuncian o se jubilan. Cuando las capacidades son deficientes, es decir, cuando el gobierno no está en condiciones de aplicar con eficacia sus propias políticas, las consecuencias para la sociedad pueden ser muy onerosas.

La realidad es que los problemas públicos han ido creciendo a pasos acelerados. En contraste la capacidad política, institucional, técnica y profesional de los gobiernos se ha quedado rezagada porque hemos puesto el clientelismo al frente de la calidad y la eficiencia. La negligencia y el descuido en el proceso de gobernar sumado a la irresponsabilidad de gestionar el gobierno como si fuera el partido político ha sido el factor clave en el deterioro y el alto costo de operar el gobierno que hemos experimentado en décadas pasadas. No podemos continuar viendo el gobierno como un proceso mecánico u operativo para atender los asuntos de unos pocos en deterioro de las necesidades del colectivo.

Durante los pasados años el Centro de Gobernanza ha estudiado los temas de la débil gobernanza, la negligencia en la administración de los recursos públicos y la falta de transparencia en la gestión gubernamental y su relación con los pobres resultados gubernamentales, la insatisfacción de los ciudadanos con su gobierno, el deterioro de la confianza de la gente en sus instituciones y la corrupción. Los resultados de los estudios puntualizan que el País necesita impulsar cambios radicales para romper con la incapacidad institucional y la irresponsabilidad administrativa que hemos vivido por décadas.

Para avanzar en la mejora de la gobernanza es apremiante instituir los siguientes principios claves: un marco institucional coherente, transparencia y rendición de cuentas en las operaciones; capacidad directiva y técnica del gobierno para gestionar e implantar políticas públicas de crecimiento y desarrollo; y premisas guías claras para combatir la corrupción para adelantar la competitividad económica y la prosperidad del País. Hay que exigirle cuentas al gobierno de su gestión y fiscalizar el uso prudente y transparente de los recursos fiscales. Si no se fortalece la gobernanza nuestros sueños y metas como pueblo de alcanzar la prosperidad y el bienestar de la sociedad serán inalcanzables.