La responsabilidad y el deber del gobierno de transparentar, exponer y someter a escrutinio público la información relativa a su gestión, al manejo de los recursos que la sociedad le ha confiado, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos, es cada vez más urgente. Al día de hoy, la ocultación de información sobre las contrataciones del gobierno, la falta de prudencia en el uso de los recursos públicos; el verdadero descuadre del presupuesto gubernamental y la omisión de presentar los estados financieros ha permitido postergar el desarrollo económico.

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